La expansión del Puerto de Dock Sud profundiza el impacto en la infraestructura de Lanús

El municipio de Lanús se encuentra en una posición estratégica y, a la vez, crítica respecto a la actividad del Puerto de Dock Sud -ubicado en Avellaneda-, la terminal de contenedores más importante de Argentina. Si bien el puerto es un motor económico que concentra el 43% de las exportaciones del país y el 96% de las de la provincia de Buenos Aires, su funcionamiento actual genera un impacto directo y negativo en la infraestructura de la ciudad de Lanús.

Debido a que gran parte de las empresas de logística vinculadas a la terminal están radicadas en Lanús, el distrito sufre diariamente la circulación constante de camiones de gran porte. Este flujo vehicular deteriora las calzadas, daña el tendido eléctrico y altera la convivencia en los barrios residenciales. Desde una perspectiva técnica, el costo de este impacto es elevado: reparar una sola cuadra de hormigón demanda una inversión de 225 millones de pesos.

La preocupación de las autoridades del municipio de Lanús se ha acentuado tras la aprobación de una obra millonaria para ensanchar la vía navegable del puerto. Se estima que esta mejora duplicará la actividad portuaria, lo que se traducirá en buques de mayor calado y, fundamentalmente, en un incremento proporcional de contenedores y camiones transitando por las calles de Lanús, lo que podría profundizar los daños ya existentes -lo que genera preocupación en la gestión local y entre los vecinos de Lanús-.

Ante este escenario, el municipio —que actualmente ejerce la representación regional en el directorio del puerto a través del intendente Julián Álvarez— lidera un reclamo conjunto con Quilmes para la creación de un fondo compensatorio. El objetivo es que el Consorcio del Puerto contribuya económicamente a la reparación de los daños y financie un plan de inversión que mitigue las externalidades negativas de su expansión.

En paralelo, y para proteger su patrimonio urbano, Lanús ha implementado medidas de ordenamiento interno. Desde el 1 de febrero, rige la ordenanza n° 13.810/24, que establece una Red de Tránsito Pesado. Esta normativa busca canalizar la circulación de los vehículos de carga por vías específicas, obligando a las empresas que necesiten desviarse de este trazado a gestionar permisos especiales, en un intento por preservar la integridad de los barrios y la seguridad de los vecinos.

Se esperan más novedades en las próximas semanas.